• El diputado de la formación naranja considera un “insulto y una falta de respeto” a los grupos parlamentarios que el gobierno autonómico no les haya informado de los recortes presupuestarios

Mérida, jueves 5 de marzo de 2020. El diputado y portavoz de Administración Pública del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, José María Casares, ha indicado este jueves que la Junta de Extremadura “debe reconocer sus errores presupuestarios y realizar un plan económico nuevo” que cuente “con el mayor de los consensos posible”.

Así se ha manifestado Casares tras el anuncio este pasado miércoles por parte de la vicepresidenta y consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, de que la Junta pagará en mayo, con carácter retroactivo desde enero, la subida salarial del 2% a los empleados públicos pero no así la carrera profesional.

Según ha indicado el diputado de la formación naranja y tal y como ha reconocido Blanco-Morales “esto se debe a un plan de ajuste por incumplimiento del déficit respecto al ejercicio de 2019 cuyo objetivo de déficit era del 0,1% y estamos en datos reales pero aún no certificados por el Gobierno de España del 1,3%” algo que va a suponer, según ha señalado Casares, “un desfase de 200 millones”.

“Este es el plan que ha sido utilizado por el Gobierno para hacer el recorte pero todavía no ha sido ni presentado, ni debatido ni informado a los grupos parlamentarios”, ha criticado.

Y es que, ha explicado el diputado de la formación liberal, “no será hasta dentro de 15 días cuando el gobierno comparecerá a petición propia para hablar de este tema” algo que ha considerado como “un insulto y una falta de respeto” a los grupos parlamentarios.

“Si hay un recorte ese recorte debería ser informado a los representantes políticos. Nos tememos que existen más problemas presupuestarios, que no va a ser el último y no va a ser la última medida del gobierno en cuanto a recortes”, ha lamentado.

Finalmente, Casares ha apuntado que su formación sigue apostando “por mejorar la gestión, recortar el gasto superfluo, fijar prioridades, establecer medidas para asegurar el crecimiento económico y salvaguardar el empleo y la calidad del mismo por lo tanto garantizar la subida salarial de los empleados públicos con todo lo acordado, incluido la carrera profesional”.