Ciudadanos insta al Gobierno, desde la Asamblea de Extremadura, a que firme un pacto de Estado que acabe con los recortes, desatención y listas de espera

La portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Victoria Domínguez, pedirá este jueves a los grupos parlamentarios el apoyo a una propuesta de pronunciamiento para que la Cámara inste al Gobierno central a suscribir un Pacto de Estado por la Ayuda a la Dependencia y la Autonomía Personal que suponga el fin de la situación de desatención o de espera de miles de personas y de los recortes que sufre desde 2012. “Es necesaria un pacto que conlleve la revisión de la Ley de Dependencia de 2006, para la garantice una financiación estable y suficiente, actualice los baremos de acceso, agilice los procesos de valoración, recupere la figura de los cuidadores e integre las personas con diversidad funcional y con enfermedades de tipo mental, evitándose las duplicidades administrativas que suponen, en la mayoría de los casos que los expedientes tarden mucho en resolverse”.

En este sentido, citó datos del Observatorio de la Dependencia que señalan que, en los últimos cuatro años, han fallecido 150.000 personas que no llegaron a recibir prestaciones o servicios reconocidos por su situación de dependencia o que existen 350.000 en el llamado ‘limbo de la dependencia’ que no reciben ninguna prestación del sistema teniendo peno derecho a ellas.

Para la portavoz de Ciudadanos, “no es de recibo, ni puede seguir pasando” que personas con derecho a tener cobertura de la Ley de Dependencia fallezcan sin que el Estado satisfaga una situación personal y de dependencia “incluso ya reconocida”. Para Victoria Domínguez, el pacto de Estado que revise la ley por consenso debe evitar duplicidades administrativas y unificar servicios en todo el territorio, apoyar al cuidador y estudiar el reconocimiento efectivo del derecho de cotización delos cuidadores que se vio mermado o recortado pro el Gobierno en 2012.

Más allá del décimo aniversario de Ley, precisó la portavoz de Ciudadanos, seguimos pensando que hay muchas carencias, vemos que se siguen retrasando los baremos de evaluación y que es necesario que dentro del marco, cuente con una financiación estable en la parte que corresponde al Estado, puesto que muchas CC.AA. solventan la situación, con un gran esfuerzo presupuestario, aunque sin poder llegar a tiempo en el cumplimiento de los derechos que reconoce esta ley”.